A siete años de que fuera concebida la Ciudad Judicial de Tijuana por el Gobierno de Baja California para implementar la reforma penal de 2014, el proyecto original no sólo quedó inconcluso, sino que tres edificios construidos están dañados estructuralmente y han sido vandalizados, pese a que al menos se invirtieron 250 millones de pesos por las anteriores administraciones de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez.
La dilapidación millonaria en el terreno de La Encantada podría ser superior a los mil millones si se considera que los recursos para construir los edificios existentes provinieron de créditos bancarios que todavía pagan los bajacalifornianos.
Recientemente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que el proyecto no está cancelado y se revisaba el requerimiento en infraestructura y presupuesto, pero no hay fecha si quiera para ejecutar la obra de remediación del hundimiento de los edificios, ya calculada en alrededor de 10 millones de pesos.
En su gestión tampoco se han dedicado fondos para los edificios donde operarían Juzgados, el Centro de Justicia Alternativa, laboratorios periciales y unidades de medidas cautelares, entre otras áreas del Poder Judicial; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) y Fiscalía General del Estado (FGE). Además, existen discrepancias entre Oficialía Mayor, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) y el Poder Judicial en cuanto a la entrega de los edificios.
El titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, afirmó que el actual gobierno “no ha hecho ningún trabajo en ninguno de los tres edificios” por los problemas que tienen de asentamiento, notorio en pisos y parte de la estructura de los muros.
Recientemente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que el proyecto no está cancelado y se revisaba el requerimiento en infraestructura y presupuesto, pero no hay fecha si quiera para ejecutar la obra de remediación del hundimiento de los edificios, ya calculada en alrededor de 10 millones de pesos.
En su gestión tampoco se han dedicado fondos para los edificios donde operarían Juzgados, el Centro de Justicia Alternativa, laboratorios periciales y unidades de medidas cautelares, entre otras áreas del Poder Judicial; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) y Fiscalía General del Estado (FGE). Además, existen discrepancias entre Oficialía Mayor, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) y el Poder Judicial en cuanto a la entrega de los edificios.
La FGE, Cesispe y el Poder Judicial tendrían que ponerse de acuerdo con Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo las inversiones. “Nosotros estamos listos, que nos digan ‘oye, sí va a haber recurso, hay disponibilidad de 50, 70 millones de pesos’ y se pueden echar a andar los edificios”, manifestó el funcionario estatal, quien a su vez, aclaró que no sólo se trata del presupuesto para rehabilitar los inmuebles, también para su operación y mantenimiento.
Aunque los hundimientos son provocados por una falla de origen en la construcción, ya que “al parecer la cimentación de los edificios se hizo en zonas no tan rígidas, o no habiendo hecho el tratamiento suficiente para el desplante de la cimentación”, no podrían ser sancionadas las empresas que los edificaron, ya que los contratos datan de finales de la administración de Vega de Lamadrid y después de un año quedan fuera de garantías.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, consideró que el proyecto no se ha concretado, porque al principio faltó coordinación entre las dependencias que los utilizarían y ahorita “un poco de inversión” más que en la infraestructura en personal. Sólo para poblar el edificio del Poder Judicial harían falta 80 personas, lo que implicaría incrementar la nómina.
Fragozo López rechazó que la inoperatividad de la Ciudad Judicial de Tijuana sea un síntoma de que haya fracasado el sistema penal. Atribuyó el colapso en las fechas de audiencias a que éstas se difieren por argucias legales de las partes y a que se está judicializando el 35% de los casos cuando el sistema está proyectado para que se judicialice del 3 al 5%, al haber diversas salidas procesales alternas que requieren negociación.
Según los cálculos del magistrado presidente, en Tijuana hay alrededor de 3 mil audiencias (iniciales, promociones varias e intermedias) en espera de ser agendadas que datan de 2024; con todo y que cada juez tiene su sala de audiencias en la plataforma Zoom, lo que ha permitido que esas diligencias “ya no se vayan tan lejos” por falta de espacios físicos.
